La Perimetral de Oriente de Cundinamarca: una carretera hacia el fracaso.
- Rafael Méndez
- 27 sept
- 3 Min. de lectura
Fuente de información: https://www.elespectador.com/economia/ordenan-a-la-ani-pagar-13-billones-a-la-concesion-de-perimetral-de-oriente-noticias-hoy/
Antecedentes
En 2013 se realizó la apertura formal de las licitaciones de los proyectos 4G con la
intención de construir 1234 kilómetros en Colombia con una inversión gubernamental
de $11 billones. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI en 2013 abrió la licitación
para realizar la perimetral del oriente de Cundinamarca con una extensión de 153
kilómetros. Antes de la licitación se hicieron estudios básicos ambientales, geotécnicos,
geológicos e hidrogeológicos, así como los estudios de prefactibilidad y factibilidad.
En 2014 fue seleccionado para su ejecución un consorcio en la modalidad de concesión
conformado por inversionistas de Inglaterra e Israel. El proyecto para su ejecución
contemplaba 5 etapas, de las cuales las etapas 4 y 5 representaba el 58% de la
retribución económica vía peajes. En 2016 la comunidad y expertos ambientales
llamaron la atención sobre posibles efectos de la obra en manantiales cercanos a la vía
en construcción. Esta situación motivo al contratista a realizar un estudio independiente
que concluyó a los dos años, que efectivamente había 66 manantiales a menos de 100
metros de la obra. En 2017 las autoridades ambientales se opusieron a la intervención
de la obras en las etapas 4 y 5.
En 2022 los contratistas finalizaron las 3 primeras etapas, pero la ANI suspendió la
ejecución de las etapas 4 y 5 de manera unilateral. Los contratistas formalizaron la
culminación de las etapas 1, 2 y 3 y luego demandaron a Colombia aduciendo no
culpabilidad por la suspensión de las etapas 4 y 5.
Posteriormente, un tribunal internacional especializado en resolución de disputas
condena a Colombia por $1,3 billones a favor del contratista, aduciendo que
efectivamente las etapas 4 y 5 son de protección forestal y no eran aptas para realizar
este tipo de obras, responsabiliza a la ANI por fallas en la información suministrada al
contratista.
Análisis
Del artículo fuente se deduce que por la complejidad del proyecto, efectivamente se
realizaron varios tipos de estudios de preinversión: básicos, prefactibilidad y
factibilidad.
Uno de los aspectos a tener en consideración, es la calidad de los estudios y el alcance.
Según los estudios realizados por la firma independiente y contratada por el contratista,
se deduce que sí efectivamente habían 66 manantiales que podían ser afectados, lo
cual hace suponer que faltó un mayor nivel de rigurosidad en el estudio ambiental
realizado o contratado por la ANI antes de sacar a licitación las obras.
Por supuesto hay varios impactos generados además de los de orden económico
representados en la condena a la nación de $1,3 billones como:
Pérdida de reputación en la imagen del país para gestionar otros proyectos en la
modalidad de Alianzas Público Privadas APP en el contexto internacional.
Las obras programadas no fueron terminadas en su totalidad y en tal sentido la
vía alterna al Llano no se culminó y no representa en la actualidad una
alternativa vial.
Se genera un impacto negativo puesto que los recursos económicos por la
sanción, pudieron ser invertidos en otros sectores y proyectos.
La ANI dio por terminada las etapas 4 y 5 sin tener en cuenta posibles
reclamaciones del contratista; en tal sentido, surge una duda sobre la asesoría
jurídica que motivó la culminación unilateral.
Recomendaciones
Como lecciones de aprendizaje para futuros proyectos similares se recomienda:
Tener en cuenta la calidad de los estudios básicos, ya que con base en esta
información, el contratista programa la ejecución de las obras bajo el supuesto
que esos estudios contienen la información suficiente y confiable para cumplir
el objeto del contrato.
Cuando surge un problema sobre la marcha como el presentado para la
ejecución de las etapas 4 y 5, antes de un pleito de carácter legal, se
recomienda acudir a pensar y gestionar alternativas de negociación que
permitan un acuerdo negociado, muy probablemente con un costo menor al
valor de la sanción impuesta.
En los estudios de preinversión es importante hacer el ejercicio de identificar las
partes interesadas (stakeholders) que son aquellos actores que se relacionan
con el proyecto directa o indirectamente y que pueden estar a favor o en contra
del proyecto.
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